


En septiembre de 2025 se impulsó una profunda reforma legislativa para restringir draconianamente el margen de maniobra de los jueces, como respuesta a lo que el Estado consideró un activismo judicial desproporcionado que frenaba políticas transexenales.



Modificar sin contrapesos la esencia tuitiva y cautelar del amparo para privilegiar la eficiencia administrativa o la lógica recaudatoria, arriesga despojar a la ciudadanía del único escudo histórico frente al ejercicio desmedido del poder estatal.